CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO
Pronunciamiento ante un caso de aborto legal en Santiago del Estero
La familia de una joven embarazada producto de una violación y afectada por
un retardo mental, solicitó el aborto terapéutico previsto por la ley para
estos casos, considerado entonces aborto legal. El pedido realizado en el
hospital regional Ramón Carrillo de la ciudad de Santiago del Estero aun no
ha sido atendido.
La joven, a quien llamaremos V. T. para preservar su identidad, tiene 22
años pero su edad mental es de 2, y no se encuentra bien de salud. Según la
doctora Miran Nallar, asesora de la familia, V.T “se encuentra bajo mucha
presión, y es casi imposible realizarle los exámenes, ya que no permite
ningún tipo de contacto físico, porque reacciona y se pone violenta”.
Además, Nallar señaló que “avanzan las semanas de gestación y se va
complicando su cuadro, porque también padece de hipertiroidismo y una
cardiopatía congénita, y no se la puede controlar”. La dilación médico
judicial para efectuar el aborto pone en riesgo la vida de V.T.
Es imprescindible recordar que el art. 86 del CP no penaliza el aborto, es
decir lo contempla, si 1º ) se hace para evitar un peligro para la vida o la
salud de la mujer y 2º) “si el embarazo proviene de una violación o de un
atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente” aclarando que debe ser
practicado por médicos diplomados, en este (último) caso se requiere (sólo)
el consentimiento de un representante legal.
También que el Compromiso para la Reducción de la Mortalidad Materna en
Argentina, suscripto por autoridades sanitarias provinciales y nacionales en
octubre de 2004 en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud, hace
referencia expresa a estos casos, demandando: ”Que la mujer en situación de
aborto no sea discriminada y reciba una atención humanizada, rápida,
efectiva y con asesoramiento y provisión de insumos anticonceptivos.
Garantizar el acceso a la atención del aborto no punible en los Hospitales
Públicos dando cumplimiento a lo estipulado en el código penal” (Ministerio
de Salud de la Nación, Compromiso para la Reducción de la Mortalidad Materna
en la Argentina).
Es responsabilidad directa del personal médico y los/as funcionarios/ as del
Poder Ejecutivo, efectivizar las prácticas y políticas públicas para la
asistencia de la salud de todas y todos. Les recordamos a los funcionarios
públicos que están obligados a cumplir y aplicar sin más dilaciones los dos
incisos del Art. 86 del C.P. De lo contrario estarán delinquiendo al faltar
a sus deberes de funcionarios públicos: Art.248, 249 y concordantes del
Código Penal. Y la Justicia habrá de determinar la penalidad a cumplir; como
sucede en la Provincia de Santa Fe por lo ocurrido a Ana María Acevedo
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y
las más de 250 organizaciones que la integran en todo el país, seguimos
denunciando las demoras y presiones a las que son sometidas las familias y
las niñas para que desistan del derecho a interrumpir la gestación en los
casos indicados. Denunciamos la hipocresía y la crueldad de organizaciones
dogmáticas, cuando no la ignorancia, de médicos/as, funcionarios/ as y
jueces/zas que se arrogan el poder de decidir sobre nuestros cuerpos, desde
sus creencias e intereses. Este como tantos otros casos, es un acto de
discriminació n, ya que la joven pertenece a un hogar humilde que no dispone
de recursos económicos para practicarse un aborto en el circuito privado.
Una vez más, las mujeres organizadas por el derecho a decidir sobre nuestros
cuerpos, denunciamos la política de imposición de maternidades vía leyes
punitivas que siguen mostrando su inutilidad, como se expresa en la cantidad
de abortos que diariamente se producen. Realizados la mayoría en condiciones
de clandestinidad e inseguridad sanitaria, las enfermedades y muertes de
mujeres, siempre pobres, siempre jóvenes, son las consecuencias inaceptables
del oscurantismo y la injusta y profunda desigualdad.
Como CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL SEGURO Y GRATUITO
exigimos:
- al gobierno, en un estado laico, que se responsabilice e instrumente
medidas para garantizar el derecho a la salud de las mujeres; más aún los ya
legislados.
- a las instituciones médico-hospitalarias , que se practique inmediatamente
el aborto admitido; no realizarlo es un delito.
- a la justicia, que se juzgue y encarcele al violador.
EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR-
ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR-
ABORTO LEGAL PARA NO MORIR
http://www.abortole gal.com.ar/